El Senador del Partido Conservador, Miguel Ángel Barreto Castillo, quien ha liderado las discusiones por el aumento en las tarifas de servicios públicos, expresó su preocupación por el impacto que tiene el alza en el precio de la energía eléctrica para los 16 millones de usuarios del país.
La Comisión Quinta del Senado convocó a debate de control político a altos funcionarios del gobierno central como el Ministro de Minas y Energía, Omar Andrés Camacho, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga, el Director de la CREG, José Prada, y el Director de la UPME, quienes se enfrentaron a preguntas sobre las medidas adoptadas para contrarrestar el fenómeno del Niño, los avances en materia de transición energética, la situación actual del sistema interconectado nacional y la posibilidad de un eventual racionamiento.
Allí el senador Barreto Castillo destacó que Colombia enfrenta riesgos financieros debido a la fluctuación de precios en el mercado energético y la falta de liquidez para cubrir los costos. Además, las deudas acumuladas en la opción tarifaria añaden una presión adicional. Para empeorar el panorama, la finalización del pacto tarifario en noviembre de 2023 se traducirá en un aumento en el costo por kilovatio-hora”.
Según Barreto Castillo, proyectos de energías renovables como los de la Guajira, tiene un inmenso retraso para su entrada en operación, debido a que solo el 2% de esos proyectos ha cumplido el cronograma para generar energía eléctrica. Por su parte, allí la empresa XM indicó que en julio de 2023, la demanda de energía eléctrica había aumentado un 3.57% en comparación con el mismo mes del año anterior. Es decir, aumenta la demanda y el país no tiene como cubrirla.
El senador del Partido Conservador instó al Gobierno Nacional a establecer políticas públicas claras que beneficien a los usuarios de la energía eléctrica y brinden certeza a los inversionistas, esto sin poner en riesgo la seguridad energética del país. Adicionalmente, cuestionó por qué no se ha actualizado la fórmula tarifaria de la energía eléctrica, como lo exige la ley cada cinco años, y las repercusiones que esta situación tiene en hogares, pequeñas industrias y los sectores del comercio y servicios.
“Nosotros nos preguntamos si realmente la institucionalidad ha funcionado a favor de los colombianos. Porque en este – presunto mercado- de la energía eléctrica, se privatizan las ganancias, para unas pocas empresas y se democratizan las pérdidas para todos los usuarios. Y siempre, siempre somos nosotros, los usuarios lo que pagamos los platos rotos”, expresó de manera contundente el senador Barreto Castillo
El congresista del Partido Conservador señaló que Colombia tiene una capacidad instalada de generación de energía eléctrica de aproximadamente 18.9 GW. La nueva oferta, representando más de 4 GW, está estancada. Las dos principales fuentes: la Guajira e Hidroituango, están en problemas. De los proyectos de generación de energía eléctrica eólica de la Guajira, no hay una fecha real y cierta de cuándo entrarán en operación las líneas de transmisión.
En desarrollo del debate, varios congresistas coincidieron en manifestar que la transición energética no debe, ni tiene porqué excluir el gas y el petróleo, y que por ello, es necesario reactivar la exploración y encontrar nuevos yacimientos para al menos sostener el ingreso de dineros por concepto de regalías, las cuales son vitales para las regiones. También indicaron que la transición requerirá un esfuerzo nacional para fortalecer la capacidad institucional y la autonomía fiscal de los municipios.
“Desde enero de 2023 hasta la fecha, sólo han ingresado en Colombia 174,99 MW de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable – FNCER, de los 3.783,3 previstos. Es decir, no llega ni al 5% de lo que se tenía presupuestado. Para reducir los precios en el país, es necesario que la oferta de energía sea mucho mayor que la demanda. Esto implica que las autoridades gubernamentales deben agilizar la ejecución de los proyectos de generación eléctrica y transmisión que actualmente están paralizados, principalmente en la región de La Guajira. Además, es fundamental que el país tenga información precisa sobre la cantidad de energía que obtendrá y cuándo la recibirá de las unidades 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de generación eléctrica de Hidroituango”, exigió el congresista conservador.
Por último, el Senador Miguel Ángel Barreto Castillo hizo un llamado al Gobierno Central para que la seguridad energética sea una prioridad nacional y conseguir tarifas justas que eviten un mayor impacto en la inflación debido a las dificultades en la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. En este sentido dijo que “El gobierno debe tomar medidas efectivas para afrontar la posibilidad de un apagón en el país. Los subsidios han demostrado ser insuficientes, y el elevado costo de la importación de gas resultará en un aumento significativo de los precios de la energía en Colombia”
Este escenario tiene un impacto directo en la inflación y en la capacidad de gasto de los ciudadanos colombianos. Además, no se puede pasar por alto la pérdida de competitividad que enfrenta la industria colombiana en este contexto debido a los costos energéticos elevados. La soberanía energética del país está en riesgo, lo que subraya la urgente necesidad de revisar y reformar nuestras políticas energéticas”, advirtió finalmente el senador Miguel Ángel Barreto Castillo.